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Legisladores federales y locales en Puerto Rico, además de grupos de derechos humanos y activistas, exigieron que se hagan investigaciones después de que ProPublica informó que se suprimió una pesquisa federal de una trama para intercambiar drogas por votos en prisiones de Puerto Rico después de las elecciones de 2024.
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El comisionado residente del territorio en el Congreso, Pablo José Hernández Rivera, hizo un llamamiento el martes a los integrantes del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para que se unan a él en una iniciativa para conseguir una investigación del Congreso sobre el asunto.
“El reportaje publicado hoy por ProPublica detalla hechos que ningún funcionario electo en Puerto o en Washington puede ignorar”, dijo en una declaración en español.
El mismo día, el representante Héctor Ferrer Santiago, miembro del Partido Popular Democrático, presentó una resolución en la Cámara de Representantes de la isla que ordena a su Comité sobre la Seguridad Pública abrir una investigación. Califica las acusaciones como “¡serias!” y dice que la Cámara tiene “un deber ineludible de investigar”.
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Sus solicitudes se hicieron el día en que ProPublica publicó su reportaje que describe cómo unos fiscales habían descubierto una trama de drogas por votos manejada por una ganga violenta en las cárceles puertorriqueñas y habían profundizado en su investigación de si la ahora gobernadora Jenniffer González Colón o su campaña estaban involucradas. En los días siguientes a la elección del Presidente Donald Trump en 2024, mientras los fiscales preparaban el pliego acusatorio, recibieron la orden por parte de supervisores en la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico de excluir los cargos contra presos y empleados correccionales que estaban relacionados con los votos, según dijeron cuatro fuentes conocedoras de la investigación a ProPublica. Entonces, cuando Trump asumió su cargo, les dijeron que abandonaran completamente la investigación sobre posibles vínculos políticos, según las fuentes.
González Colón, una republicana de larga data y miembro del Partido Nuevo Progresista que apoya convertir la isla en estado, ha rechazado repetidas peticiones para entrevistas de ProPublica. En un comunicado el martes, negó cualquier tipo de conducta delictiva y dijo que “hemos combatido la corrupción” durante toda su carrera y sus campañas políticas.
“Rechazo toda alegación que se me pretenda imputar sobre actos contra la ley”, escribió. González Colón no ha sido acusada de ningún delito.
El miércoles dijo a medios locales que no se justifica ninguna investigación del tema. “Aquí no hay nada,” dijo. “Y, si tienen investigaciones del pasado cuatrienio, que las hagan, que las lleven a feliz término. Pero yo no tengo absolutamente nada que ver con las cosas que se señalan ahí, mucho menos mi campaña”.
Líderes del Partido Independentista Puertorriqueño también pidieron una investigación el miércoles. La senadora María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del partido, dijo en redes sociales que los asuntos de intervención partidista en espacios penitenciarios no se tendrían que ignorar considerando “las severas implicaciones”.
Tomás Rivera Schatz, presidente del Senado de Puerto Rico y militante del partido de González Colón, dijo inicialmente a medios locales que funcionarios del gobierno de Puerto Rico tendrían que investigar en profundidad. Pero durante una conferencia de prensa el jueves, se distanció de esa aseveración, diciendo del reportaje de ProPublica: “No le doy ninguna credibilidad en absoluto…Parece seguir una línea editorial específica, una línea dirigida contra el Partido Republicano y contra Trump.”
Una acusación federal presentada en diciembre de 2024, cuando Joe Biden todavía era presidente, acusó a 34 integrantes de una ganga conocida como Grupo 31 o Los Tiburones, y a sus asociados, de delitos que incluyen distribución de drogas con resultado de al menos cuatro muertes por sobredosis, lavado de dinero y posesión ilegal de un arma de fuego. Los fiscales también alegaron que la pandilla estableció conexiones con funcionarios del gobierno “con el propósito de reducir sentencias de prisión” y que la ganga dictaba tanto las afiliaciones políticas de los confinados como “por quién votar en las elecciones primarias y generales”, pero no radicaron ningún cargo relacionado con el esquema de intercambio de drogas por votos.
Fuentes familiarizadas con la investigación dijeron que los jefes de la ganga obligaron a los confinados a votar por González Colón o sufrir palizas brutales y quedarse sin su suministro de drogas. Muchos de los presos son adictos a drogas. Los fiscales dijeron que tenían pruebas de que González Colón había hablado con uno de los jefes de la ganga de la prisión por WhatsApp durante la campaña para las elecciones primarias e investigaban otras posibles conexiones cuando se les ordenó no indagar más, gente con conocimiento de la investigación dijo a ProPublica.
González Colón dijo en su comunicado que ella se relacionaba con todos los sectores de la sociedad durante su campaña. Esto incluye que “esta servidora se reuniera con familiares de confinados preocupados por la rehabilitación y la reinserción a la sociedad”, dijo. No respondió a la acusación de que había hablado directamente con el líder de una ganga.
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W. Stephen Muldrow, el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, que fue designado por Trump en 2019 y ha servido ininterrumpidamente desde entonces, dijo a ProPublica que su oficina no hace comentarios sobre casos abiertos. Aunque dos acusados en los casos de drogas y lavado de dinero han pactado acuerdos de culpabilidad, la mayoría de los casos están todavía pendientes.
“Dado el estado en curso del caso y la importancia de mantener la integridad de los asuntos en activo, no sería apropiado para nosotros comentar más en un contexto mediático”, dijo Lymarie Llovet-Ayala, portavoz de la oficina, en un correo electrónico el miércoles. Anteriormente, había dicho que procesar a funcionarios públicos corruptos “siempre ha sido y sigue siendo una prioridad” de la oficina.
Como comisionado residente de Puerto Rico (un rol similar al de un representante de EE.UU.), Hernández Rivera puede presentar y copatrocinar leyes y puede votar en comités pero tiene prohibido votar en la aprobación final de las leyes en la Cámara de Representantes.
Hernández Rivera, un demócrata y miembro del Partido Popular Democrático de Puerto Rico, dijo que ya tiene el apoyo de al menos dos integrantes del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes quienes están interesados en empezar el proceso de fiscalización y preparan el borrador de una carta para solicitar una investigación.
Los partidos políticos en Puerto Rico no se adhieren a una división rígida entre demócratas y republicanos. En vez de eso, centran mucho de su enfoque en el futuro estatus político de Puerto Rico y, como resultado, tanto el PPD como el PNP tienen republicanos y demócratas entre sus miembros.
Hernández Rivera dijo que el hecho de que el Partido Nuevo Progresista tiene un control férreo sobre los votos de los presos es sospechoso. “Acerca de las prisiones en particular, llama la atención desde un punto de vista estadístico el hecho de que el 83 por ciento de los presos voten por el candidato de aquel partido cuando en ningún otro sitio de Puerto Rico se vota con esos márgenes”, dijo, citando un cómputo hecho por ProPublica sobre resultados de los votos del sitio web de la Comisión Estatal de Elecciones. En comparación, González Colón recibió 41 por ciento del voto total en su triunfo entre cinco candidatos en la contienda electoral.
“El tema aquí es más sobre si se siguieron los procesos legales y si hubo corrupción en dejar caer el caso”, dijo Hernández Rivera.
El representante de EE.UU. Glenn Grothman, republicano de Wisconsin y miembro del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, dijo a ProPublica que aunque todavía no conocía los detalles del asunto, iba a apoyar una investigación. Dijo que las acusaciones no eran sorprendentes dado las sospechas de fraude electoral a través de Estados Unidos y si se tiene en cuenta “la moralidad de hoy”.
“Espero que nuestro comité o algún otro comité investigue un poco”, dijo.
Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico, dijo que el abandonar una investigación sobre un esquema de votos fraudulentos en las cárceles socava la confianza de aquellos que creen en la democracia.
La ACLU (por sus siglas en inglés) “exige transparencia total sobre lo que pasó con esta investigación, qué pruebas se recabaron, y qué se hizo con esa evidencia”, dijo Martínez Orabona en un comunicado escrito.
La Coalición Power 4 Puerto Rico, una organización de la diáspora que apoya una mayor independencia para el territorio, dijo que quiere respuestas de González-Colón y del Departamento de Justicia de EE.UU.
“Power 4 Puerto Rico hace un llamamiento para iniciar audiencias en el Congreso que examinen completamente lo que pasó, quién sabía, y por qué la investigación sobre los votos no prosiguió”, escribió Erica González Martínez, la directora del grupo, en un comunicado. “El pueblo de Puerto Rico merece la verdad.”